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De acuerdo con organizaciones de la
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sociedad civil, al menos 62 continúan
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privadas de libertad por motivos
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políticos en Nicaragua. Sin embargo, la
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cifra podría ser aún mayor. Como hemos
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documentado anteriormente, estas
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personas enfrentan deplorables
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condiciones de detención, malos tratos y
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tortura, y, en algunos casos, el
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ocultamiento de su paradero por largos
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periodos como como mecanismo de castigo
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En particular preocupa la situación de
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las personas mayores, así como los
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líderes indígenas, guardabosques,
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mujeres, activistas y otras personas que
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en algunos casos cuentan con medidas
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cautelares provisionales otorgadas por
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los órganos del sistema interamericano.
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La comisión exige a Nicaragua que cumpla
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estas medidas y que informe de inmediato
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sobre su paradero y estado de salud.
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Además, urge a liberar a todas las
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personas que permanecen privadas de
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libertad arbitrariamente.
